Publicado en el 2011 y confirmado en el 2017, la política de localizaciones sensibles que rige al Immigrations and Customs Enforcement (ICE) o el Servicio de inmigración y aduanas prohíbe que la agencia disponga de sus acciones coercidas en “localizaciones sensibles”. Estas incluyen escuelas, lugares de culto, demonstraciones y hospitales, a menos que hayan “circunstancias extraordinarias”. La protección de las localizaciones sensibles de acciones coercidas de parte del servicio de inmigración no es solamente importante para la supervivencia de las comunidades de inmigrantes, pero también para la identidad de este país como un refugio para aquellos que buscan una mejor vida.
Aún con estas políticas y principios, hay un historial documentado de acciones coercidas de parte del Servicio de inmigración que violan la promesa de respetar estas localizaciones. Por ejemplo, seis hombres fueron detenidos en Virginia mientras se iban de un albergue religioso para los desamparados. Otros ejemplos incluyen a una mujer texana que fue arrestada en el hospital aun cuando sufría de un tumor cerebral y a un padre de Los Ángeles que fue arrestado mientras dejaba a su hija en la escuela. Este patrón empeora aún más cuando se involucra la policía local. Por ejemplo, al entrar en los acuerdos 287(g), oficiales de la policía en Carolina del Norte fueron grabados investigando clínicas de salud en busca de pacientes indocumentados.
Este documento sobre las políticas de inmigración resalta los obstáculos que previenen que inmigrantes de Mississippi puedan acceder a localizaciones sensibles. Mientras este documento se especializa en las facilidades médicas, hay muchos más lugares “seguros” que se mantienen inaccesibles para la comunidad. Al abordar en algunos casos en particulares, este escrito ofrece algunas recomendaciones acerca de lo que puede ser implementado para asegurar que las realidades vividas se asemejen a las políticas y acciones coercidas de parte del Servicio de inmigración.
OBSTACULOS PARA CUIDADO MEDICO
El 1 de febrero del 2021, el Departamento de Seguridad Nacional o Department of Homeland Security (DHS) lanzo públicamente una declaración donde afirmó que no habría acciones coercidas de parte del Servicio de inmigración en los centros de vacunación. Esto se debe a que sigue con la política de evitar localizaciones sensibles. En sus palabras: “Es una obligación moral y para la salud publica que se garantice la vacunación de todos los individuos que residen en los Estados Unidos”. Este no es un compromiso ligero, ya que la comunidad indocumentada de Mississippi (de los cuales muchos son hispanos) se ha enfrentado este último año con riesgos y sufrimientos desproporcionados a la población general.
Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la comunidad hispana tiene una tasa de casos, hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 mayor a cualquier otro grupo étnico en los Estados Unidos, excepto la comunidad indígena-americana. Esta realidad corresponde a un sinnúmero de factores que afectan desproporcionalmente a inmigrantes y a la comunidad hispana. Casi 1 de cinco trabajadores esenciales en los Estados Unidos son inmigrantes. Además, casi el 70% de todos los inmigrantes indocumentados tienen trabajos de primera línea en industrias esenciales. De estos, sobre 400,000 son proveedores de salud. Muchos son empleados por fabricas donde el distanciamiento social es muy difícil o imposible.
Esta comunidad sufre de una falta de seguros de salud generalizada, por lo que se debe mayormente al estatus migratorio de sus miembros. El Instituto de Política Migratoria estima que un 75% de la población indocumentada en Mississippi no son asegurados y que casi un 40% vive debajo de la línea de pobreza. Aún cuando los centros de vacunación y pruebas no cobran, gastos de transportación y tasas administrativas impiden a muchos de acceder estos recursos.
La política de vacunación del DHS sugiere que los funcionarios de gobierno garanticen que la recuperación de los Estados Unidos del COVID-19 incluyan a los inmigrantes indocumentados. Además, las experiencias vividas por esta comunidad durante esta pandemia enfatizan la responsabilidad del gobierno en comprometerse a esto. De igual manera, se necesita que las barreras sistémicas que crean obstáculos particulares para el acceso a cuidado médico de inmigrantes en Mississippi sean los primeros que sean abordado.
OTROS LUGARES PROTEGIDOS
Los lugares médicos no son las únicas localizaciones sensibles que tiene un historial reciente muy agresivo con las acciones coercidas de parte del servicio de inmigración que interfieren con las vidas de inmigrantes. Esther tiene muchas memorias del miedo que sentía en la comunidad hispana mientras crecía en Pearl. “Me acuerdo de que el numero de feligreses disminuía mucho… porque había el miedo de que ‘si voy a la iglesia, hay una posibilidad que me pare la policía y me reporten a ICE’”. Contrario a la política de ICE, muchos de estos miedos se materializaban. “muchas personas iban a la iglesia y en cuanto salían del servicio religioso, los paraba la policía, los detenía ICE y antes de que supieras, te deportan a tu país de origen,” cuenta Esther.
“Yo me acuerdo ser chiquita y estar aterrorizada de “¿qué pasaría con mi familia? ¿A dónde irían mis padres? ¿A dónde yo iría?” Lorena también se acuerda de aquel tiempo en que ICE estaba muy activo en sus arrestos en la comunidad hispana. Ella se acuerda cuando su hijo, aún cuando ella tiene ciudadanía, le pregunto, “Mamá, ¿que pasaría si te deportaran?”
El costo de estas acciones coercidas de parte del servicio de inmigración es muy alto y muchas de las veces recaen en los jóvenes, lo que garantiza un daño psicológico intergeneracional. La data recopilada por el Centro de Estudios Migratorios sugiere que sobre 5 millones de niños nacidos en los Estados Unidos viven con padres indocumentados. Los pediatras advierten que todos ellos están en riesgo de desarrollar “estrés toxico” por el miedo sobre el estatus migratorio y por el aislamiento. Las familias no solamente se abstienen de ir a la iglesia, pero, según Esther, muchos padres titubean en matricular a sus hijos en la escuela por miedo de que sean identificados por su estatus migratorio. Para los miembros de la comunidad que están matriculados, muchos de ellos tienen que balancear sus responsabilidades académicas y los efectos psicológicos que sufrieron después de la redada del 2019. Por ejemplo, algunos estudiantes luchan con mantenerse despiertos en las clases, ya que trabajan horas nocturnas en las fabricas de pollo. Esto lo más seguro se debe a que estas deportaciones en masa les robo a muchas familias de sus sustentadores económicos principales (por lo cual muchos niños fueron los remplazos).
Aun cuando cualquier política de ICE o el memo de DHS sugiere otras realidades, los años de ataques dirigidos a las comunidades inmigrantes han obstruido el acceso a localizaciones sensibles. Por lo cual, se necesitan acciones más robustas para resolver estas circunstancias.
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RECOMENDACIONES
Para organismos estatales y locales
- Promover diversidad e inclusión a través de sitios médicos, incluyendo clínicas privadas y facilidades rurales
- Llevar a cabo entrenamientos de aptitud cultural liderados por la comunidad dirigidos a todos los proveedores de salud
- Contratar interpretes comunitarios y publicar que los servicios de traducción están disponibles y libres de costo
- Implementar políticas que atraigan proveedores de salud multilingües e inmigrantes, incluyendo la admisión y autorización de estudiantes de medicina sin importar su ciudadanía
- Asegurar responsabilidad
- Crear sistemas seguros y confiables para reportar cualquier discriminación por parte de proveedores de salud y atender cualquier preocupación que tengan de represalias o exposición al servicio de inmigración
Para la administración de Biden y las agencias federales
- Acabar con todas las acciones coercidas por parte del sistema de inmigración en localizaciones sensibles
- Asegurar responsabilidad
- Crear sistemas seguros y confiables para reportar violaciones de la política de localizaciones sensibles por parte del sistema de inmigración
Para agencias locales, estatales y federales
- Tomar acciones especificas para incluir a los inmigrantes indocumentados en esfuerzos de salud publica
- Reformar las políticas existentes que permiten a la guardia nacional y a otros funcionarios de gobierno vestirse en ropa civil o en chalecos de tráficos mientras dirigen pruebas y vacunas de COVID-19
- Diseminar información de salud publica en los lenguajes más comunes entre las poblaciones locales de inmigrantes, incluyendo lenguajes indígenas cuando sea necesario
- Aclarar que los datos personales que son recopilados en el proceso de vacunación no van a ser compartidos con el servicio de inmigración y agencias relacionadas, incluyendo a la policía local
- El comité asesor de practicas de vacunación por parte del CDC publicó directrices en como distribuir la vacuna a los grupos prioritarios. Sin embargo, fallaron en indicar claramente como esas directrices aplican a todos, sin importar su estatus migratorio
