Si bien gran parte de la cooperación entre las agencias locales, estatales y federales se produce a simple vista, los avances en la tecnología han facilitado una arena separada y más secreta en la que este enredo también tiene lugar. A través de programas de intercambio de datos como Comunidades Seguras (S-Comm) y vigilancia interjurisdiccional, las agencias de aplicación de la ley y de inmigración en todos los niveles del gobierno pueden compartir los datos personales de las personas bajo la apariencia de seguridad pública. Sin embargo, la evidencia muestra que estas prácticas tienen el efecto contrario de interferir con la policía local, facilitar la discriminación y violar nuestros valores constitucionales con poca o ninguna responsabilidad.
Este resumen de políticas describe los daños que surgen cuando las agencias gubernamentales intercambian los datos personales de las personas con el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración y comparte recomendaciones para mitigar el abuso.
COMUNIDADES SEGURAS
En el momento de un arresto, los agentes del orden público estatales o locales recopilan datos de huellas digitales que se envían automáticamente a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y se comparan con su sistema de identificación biométrica. A través de S-Comm, que fue reemplazado brevemente por el Programa de cumplimiento prioritario, los datos de huellas digitales también se comparten con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que los ejecuta a través de su propio sistema biométrico para revisar el historial de inmigración de las personas. La sugerencia de una infracción de inmigración a menudo hace que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) envíe a la agencia de arresto una solicitud de retención, que puede últimamente resultar en la transferencia del detenido a la custodia del Servicio de ICE y su eventual deportación. ICE sacó a más de 600 Misisipianos indocumentados de sus comunidades en el año fiscal 2018 usando S-Comm. Pero mientras que los partidarios de este programa lo defienden como un instrumento de investigación útil, S-Comm presenta una serie de desafíos dañinos a nivel local y en la práctica.
VIGILANCIA AVANZADA
Hay muchos diferentes tipos de tecnologías de vigilancia, todas las cuales requieren una aplicación cuidadosa para evitar violaciones de los derechos constitucionales de los estadounidenses. Si bien las operaciones de vigilancia siguen siendo relativamente oscuras, lo que sabemos sobre su uso en la aplicación de la ley de inmigración en Mississippi y en todo el país deja en claro que se necesita una mayor supervisión y regulación.
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RECOMENDACIONES
Para organismos estatales y locales
- Poner fin a los contratos de intercambio de datos
- que permiten tecnologías de intercambio de información sin restricciones y la recopilación biométrica hacia y desde ICE, y
- con intermediarios de datos privados que trabajan con ICE.
- Implementar regulaciones sobre la compra y uso de tecnología de vigilancia, tales como:
- Políticas Control Comunitario sobre Vigilancia Policial (CCOPS) y/u ordenanzas que involucran a los miembros de la comunidad en los procesos de toma de decisiones sobre si y cómo se recopilan y usan sus datos personales;
- Prohibiciones específicas sobre tecnologías de vigilancia específicas, como la prohibición del reconocimiento facial en Jackson, Mississippi y otros 13 gobiernos municipales a partir de enero de 2021; y/o
- Regulaciones generales sobre la adquisición y uso de nueva tecnología por parte de la policía local.
Para la administración de Biden y las agencias federales
- Poner fin a los acuerdos obligatorios de intercambio de datos entre agencias federales, estatales y locales.
- Ordenar a DHS que ponga fin a S-Comm y desmantele todo el intercambio de información electrónica que redirige las presentaciones de huellas digitales de la policía local a DHS para el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración civil.
- Poner fin a cualquier arreglo o contrato que le proporcione a ICE acceso a bases de datos estatales y/o locales con el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración civil.
- Dar prioridad a la seguridad y protección pública.
- Revisar las directrices de seguridad existentes para incluir evaluaciones objetivas de la medida en que una persona representa un riesgo de fuga significativo de un peligro genuino para la comunidad y dirigir los recursos respectivamente
- Aprobar legislación como la Ley Nacional de Privacidad Biométrica para extender explícitamente los derechos de privacidad para incluir datos biométricos.
Para agencias locales, estatales y federales
- Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
- Llevar a cabo una investigación sobre el uso de perfiles raciales por parte de la policía, prohibir el uso de perfiles basados en prejuicios, implementar salvaguardias y garantizar la rendición de cuentas por el abuso.
- Mejorar la transparencia de los programas de intercambio de datos a través de informes públicos regulares.
- Crear pautas claras sobre cuándo es apropiado que los empleados de las agencias gubernamentales divulguen información personal confidencial de las personas.
